La vivienda en Ciudad de Buenos Aires: ¿negocio o derecho?

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El porcentaje de personas con problemas de vivienda aumenta año a año, se criminaliza el reclamo y las soluciones no pasan del corto plazo. ¿Qué hay detrás del déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires y qué se hace al respecto?

En Buenos Aires –y en el mundo- se presenta una gran contradicción cuando de hábitat se trata: acumulación o derechos. Propiedad privada o derecho a la vivienda. Negocio o vida digna.

Esta contradicción se refleja en números:

- En 2013, el 8,5% de los ciudadanos de CABA ocupaba su vivienda de manera irregular (es decir, que no era propietario ni inquilino), según la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, GCBA.

- El 11,6% del total de viviendas que hay en la Capital necesitan una solución habitacional, es decir, refaccionar, ampliar o directamente cambiar de vivienda.

-Se estima que en la ciudad hay unas 400.000 personas con problemas de vivienda, advierte un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

- Según el censo de 2010, el 20,2% de la Capital de Buenos Aires, eran viviendas vacías. El gobierno porteño argumentó que el número era transitorio.

Estos cifras, traducidas, son elocuentes y muestran claramente la contradicción: mientras la compra de inmuebles crece para algunos, la necesidad de nuevas viviendas aumenta para otros.

Sin embargo, en sus ocho años de gestión, el gobierno de Macri pudo dar 6121 soluciones habitacionales, es decir, casi el 5 por ciento de lo requerido. Así lo informó el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en 2014 la ejecución presupuestaria dejó sin utilizar unos 3500 millones de pesos, más de nueve millones por día. También señala que mientras el presupuesto destinado a villas recibe cada año menos recursos (en 2015 será de 536 millones), las partidas dirigidas a la publicidad oficial aumentan (en 2015 será de 845 millones de pesos).

¿Cómo se soluciona este problema?

Según Pablo Vitale, Coordinador del Área Derecho a la Ciudad  de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “ninguno de los programas lanzados por el Gobierno de la Ciudad ha mejorado el tema, hay algunos de infraestructura y servicios, pero terminan siendo respuestas parciales y de segunda mano”.

“Existen mejoramientos de espacio públicos y veredas, pero siempre menores a los requeridos por el barrio. Hay programas del Instituto de Vivienda de la Ciudad, como Alquilar Se Puede y créditos, que casi no tienen repercusión sobre el déficit habitacional. Además es cuestionable el tipo de política, se entronca con una dinámica de mercado inmobiliario que es expulsiva, no modifica las reglas de mercado sustancialmente, sino que fortalecen ciclos de especulación inmobiliaria”, agrega Vitale.

Gastón Juan, de la Defensoría del Pueblo de CABA, expresa, en la misma línea: “Da la sensación que los programas habitacionales necesitan actualizaciones desde el punto de vista económico y de la puesta en práctica, y en ese sentido ambos Estados no están teniendo los avances que se esperarían. No hay políticas de fondo para solucionar la problemática habitacional”

En la Ciudad, luego de la crisis económica del año 2001, el mercado de la construcción y la actividad inmobiliaria se constituyeron como la opción más segura para la colocación de ahorros y la construcción se convirtió en un negocio rentable para los operadores privados y los emprendimientos urbanos de magnitud. En consecuencia, el auge de estos mercados no sólo tuvo una escasa o nula incidencia en mejorar el déficit habitacional sino que, por el contrario contribuyó a incrementar el valor del suelo y de los inmuebles, aumentando las restricciones de acceso a la vivienda de los sectores de menores recursos.

¿Qué rol ocupan los desalojos en esto?

La toma de tierras es uno de los reflejos más extremos de esta situación, que es generalmente “solucionada” con violencia estatal. Ejemplos sobran: el parque Indoamericano en el año 2010 o la villa Papa Francisco en 2014 son claros referentes de ésta situación.

La función social de la propiedad reconoce la existencia de un límite en el derecho a la propiedad, cuando su ejercicio perjudica a terceros. La cláusula de función social de la propiedad estaba incorporada al proyecto de Nuevo Código Civil y Comercial presentado al Congreso Nacional el año pasado por el oficialismo. Sin embargo, dentro de las modificaciones al proyecto original, el Senado quitó este derecho.

En 2014, hubo más de tres denuncias diarias por usurpaciones en la Capital. Fueron 1182 casos, el doble de los registrados en 2008. En 2012, la Dirección de Estadística porteña estimó que casi 4000 familias vivían en inmuebles tomados.

“Con la vivienda pasa algo distinto a otras necesidades primarias. A nadie se le ocurriría que el avance privado en educación o industria alimenticia limite que la gente pueda acceder a estas necesidades. En cambio, con la vivienda existe una especulación con respecto a un derecho primario, pero nadie se pone a cuestionarlo.  Se perdió una oportunidad importante con la reforma del Código Civil” , agrega Vitale.

Según el informe Derechos humanos en Argentina en 2015 del CELS, “la conflictividad por la falta de acceso al hábitat se reactualizó en diferentes hechos sucedidos durante 2014, entre ellos la toma de tierras y el posterior desalojo del barrio “Papa Francisco”, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. El accionar violento de las fuerzas de seguridad frente a este tipo de conflictos sociales muestra continuidades. Una vez más, un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad de la ciudad y de la nación mostró altos niveles de violencia contra las familias desalojadas”.

Tampoco se ofrece a las familias algún tipo de solución habitacional, su traslado es a paradores y lugares transitorios, y sus bienes a un depósito de forma caótica, que no se presentan como una solución definitiva a esta problemática.

“Los paradores están colapsados. A veces, pudiendo articular con tiempo suficiente con los organismos se puede gestionar una salida que no sea la situación de calle y los vecinos se van negociando inclusive que paguen los fletes o el depósito, pero no sucede siempre”, agrega Gastón Juan.

¿Qué pasará a futuro?

Vitale es optimista respecto a lo que viene: “Creo que el tema está en agenda, veo un giro entre el inicio en la campaña del PRO y el presente. No es que esté urbanizando villas, sino que realiza obras de mejoramiento parcial. Dudo mucho que efectivamente vaya a haber una intervención fuerte de una gestión que está desde hace ocho años y no ha dado soluciones de fondo. Sí creo en que la temática está presente, más allá de las voluntades políticas, así que tal vez pueda adquirir suficiente fuerza como para que se lleven a cabo medidas al respecto”.

Hay algo que es seguro: si no se modifica la noción de la vivienda como negocio, los marginados seguirán estando.

 

Fuente: http://www.politicargentina.com/notas/201506/6343-la-vivienda-en-ciudad-de-buenos-aires-negocio-o-derecho.html

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